El Senado argentino aprobó este 26 de febrero una controvertida reforma a la Ley de Protección de Glaciares con 40 votos a favor y 31 en contra. La modificación, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca flexibilizar las restricciones mineras en zonas glaciares y periglaciales. Durante la sesión, 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos mientras protestaban frente al Congreso.

La reforma modifica la Ley 26.639 de 2010 que protege los glaciares como reservas estratégicas de agua. El cambio más significativo es que ahora las provincias podrán clasificar sus glaciares como "funcionales" o "no funcionales", permitiendo actividades mineras en estos últimos.

¿Qué cambia con la reforma?

El proyecto descentraliza la autoridad sobre los glaciares, trasladando poder decisorio del gobierno nacional a las provincias. Mientras el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantendrá el control del inventario, cada provincia podrá establecer sus propios criterios técnicos para habilitar o no actividades extractivas.

El sector minero celebra la medida argumentando que la ley original bloqueaba inversiones millonarias, especialmente en litio, cobre y oro. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que esto podría comprometer las reservas de agua dulce que abastecen a múltiples provincias.

Protestas y resistencia ambiental

La aprobación en el Senado desató protestas inmediatas. Agostina Serra, vocera de Greenpeace, advirtió que la reforma provocará "escasez de agua a corto plazo que afectará a todos los argentinos". La Fundación Vida Silvestre sostiene que los cambios violan el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

El proyecto ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación final. Se esperan más protestas y posibles acciones legales por parte de organizaciones ambientales que buscan frenar la reforma.

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá? La batalla por los glaciares argentinos podría sentar un precedente regional sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Si la reforma se aprueba definitivamente, el próximo campo de batalla serán los tribunales, donde se definirá la constitucionalidad de estos cambios. ¿Y vos qué pensás?