La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó el 2 de marzo de 2026 una demanda judicial contra la Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El recurso, ingresado ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°7 de Buenos Aires, busca suspender la implementación de aspectos clave de la reforma aprobada por el Congreso el mes pasado.

La central sindical cuestiona específicamente el traslado de causas laborales desde tribunales nacionales hacia la justicia porteña, una medida que califican como "represalia" contra jueces pro-trabajadores. Esta reforma forma parte de un paquete más amplio que modifica el código laboral vigente desde hace medio siglo.

Los cambios más controversiales

La nueva legislación introduce modificaciones sustanciales al régimen laboral argentino, incluyendo flexibilización en contrataciones y despidos, reducción de indemnizaciones y la posibilidad de pagar compensaciones con bienes o servicios. También habilita jornadas de hasta 12 horas y establece nuevas reglas para negociaciones colectivas.

Desde que Milei asumió la presidencia a fines de 2023, se registraron más de 300.000 pérdidas de puestos de trabajo y el cierre de 21.000 empresas. La reforma busca formalizar al 43% de trabajadores informales, aunque los sindicatos advierten sobre posible precarización.

Respuestas y resistencia sindical

La CGT ya había manifestado su oposición mediante un paro nacional de 24 horas el mes pasado. Los líderes sindicales argumentan que la ley viola principios fundamentales como la progresividad de derechos y la protección del trabajador, pilares del modelo laboral argentino desde la época peronista.

Mientras el gobierno celebra la reforma como "histórica" y necesaria para impulsar el empleo registrado, los sindicatos preparan una segunda acción legal. El conflicto se desarrolla en medio de tensiones por el programa de austeridad implementado desde finales de 2023.

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá? La judicialización de la reforma laboral podría generar meses de incertidumbre jurídica, afectando decisiones de inversión y contratación. El desenlace de esta disputa definirá no solo el futuro del mercado laboral argentino sino también la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales. ¿Y vos qué pensás?