El Gobierno nacional publicó un ranking de costos de patentamiento vehicular que ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como la jurisdicción más cara para registrar un 0 km. Pero desde la administración porteña salieron a desmentir los números, calificándolos directamente como "falsos". La disputa expone las tensiones fiscales entre ambas gestiones.

Según el informe del Ministerio de Justicia, liderado por Marcelo D'Alessandro, los porteños pagan hasta $452.000 para patentar vehículos nuevos. Sin embargo, fuentes de la administración de Jorge Macri aseguran que la alícuota promedio real ronda los $320.000 y acusan al Gobierno central de usar metodologías "engañosas" para inflar los montos.

La guerra de los números

El conflicto se centra en cómo se calcula el impuesto automotor. Mientras Nación considera valores máximos teóricos, CABA sostiene que casi ningún contribuyente alcanza esos topes. "Tomaron un supuesto de vehículo de alta gama que solo representa el 0,5% de los patentamientos", explicó un funcionario porteño.

La respuesta oficial incluyó datos detallados: el 78% de los autos patentados en 2025 fueron compactos o medianos, cuyos impuestos no superan los $280.000. Además, destacaron que mantuvieron exenciones para autos eléctricos y descuentos por pago anticipado.

Trasfondo político de la pulseada

Este cruce ocurre en medio de tensiones por la coparticipación y la reforma fiscal que impulsa el Gobierno nacional. Desde CABA señalan que el ranking busca presionar para que la Ciudad aumente su presión tributaria, mientras que economistas consultados advierten sobre el riesgo de desinformación en temas sensibles para la clase media.

El Ministerio de Justicia aún no respondió a los nuevos datos presentados por la administración porteña. Mientras tanto, las automotrices ya reportan consultas de clientes confundidos sobre los costos reales de patentamiento.

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá? Esta disputa podría escalar a un conflicto institucional si no se establece una metodología transparente para comparar cargas tributarias entre jurisdicciones. Además, plantea dudas sobre cómo se comunicarán futuras reformas impositivas en un año electoral. ¿Y vos qué pensás?