El gobierno de Javier Milei impulsa un polémico proyecto para reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años, generando un intenso debate nacional. La iniciativa liderada por Patricia Bullrich y Jeremías Monzón promete "mano dura" contra la delincuencia juvenil, pero expertos cuestionan si responde a evidencias o al clima de inseguridad.

Este bill llega en un contexto donde Argentina registra 5.200 causas contra menores en 2025, según datos oficiales. La propuesta incluye penas de hasta 15 años para adolescentes y permite juzgarlos como adultos en casos graves. ¿Es una solución estructural o una respuesta emocional?

Los dos frentes del debate

Los impulsores argumentan que la ley actual desprotege a las víctimas y señalan que el 18% de los delitos con arma son cometidos por menores. "No podés tener niños armados que matan impunemente", declaró Bullrich esta semana en conferencia de prensa.

Desde la oposición y organismos de DDHH, advierten sobre riesgos de estigmatización. Un informe de Unicef Argentina revela que el 78% de los jóvenes en conflicto con la ley provienen de hogares pobres. "Estamos criminalizando la pobreza", sostiene Laura Taffetani de la ONG Pelota de Trapo.

Experiencias internacionales bajo la lupa

El modelo se inspira parcialmente en sistemas como el código penal de Florida (EE.UU.), donde la imputabilidad empieza a los 12 años. Pero especialistas recuerdan que Chile intentó algo similar en 2011 y revirtió la reforma por su ineficacia.

Mientras tanto, el ministro Monzón aseguró que habrá "centros especializados con enfoque educativo", aunque el proyecto no detalla presupuestos para estas instituciones. La CTA Autónoma ya anunció movilizaciones contra lo que llaman "ley de criminalización juvenil".

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá? Este debate podría polarizar aún más la sociedad argentina mientras se definen mecanismos de implementación. Los próximos meses mostrarán si la iniciativa logra consensos parlamentarios o se convierte en bandera política de un gobierno que apuesta al shock institucional. ¿Y vos qué pensás?